El pasado miércoles 12, miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tronaron contra el Gobierno de Vicente Fox. Su molestia se debió a la forma en que se manipuló la información sobre el aseguramiento, en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, de un avión DC-9 cargado de 5.6 toneladas de cocaína procedente de Venezuela.
Dos de las tres personas detenidas son pilotos del Gobierno federal, adscritos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); concretamente, son los que se encargan de los vuelos del director general de la dependencia, Cristóbal Jaime Jáquez, hecho que se quiso ocultar.
Los estadounidenses reclamaron a los altos mandos militares por ese dislate porque, adujeron, ese cargamento de cocaína confirmaba el sentido de la investigación internacional que desarrolla la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre un presunto acuerdo al que recientemente llegaron el narcotraficante prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el trasiego de grandes volúmenes de droga, bajo el supuesto cobijo de Venezuela, explicó un miembro de la inteligencia mexicana que conoció de primera mano el asunto.
“La DEA tiene conocimiento de que éste es el segundo vuelo de grandes volúmenes de cocaína de esa alianza del “Chapo” Guzmán con las FARC, en los cuales habrían participado los pilotos de Conagua que fueron detenidos”, según la misma fuente consultada.
Y es que, anteriormente, las FARC tuvieron vínculos con otros dos carteles mexicanos, con los hermanos Arellano Félix y con Osiel Cárdenas. En el primer caso, el grupo rebelde intercambiaba droga por armas con el cartel de Tijuana. En agosto de 2000 terminó esa relación con la captura en México de Carlos Ariel Charry, quien fungía como enlace del jefe guerrillero Mono Jojoy y la organización mexicana.
Posteriormente, en junio de 2004 fueron detenidos en Monterrey dos miembros de “Los Mellizos”, grupo asociado de las FARC, quienes surtían de droga al cartel del Golfo; ahora, este nuevo vínculo se da “con el cartel de Sinaloa, el que mayor protección ha recibido a lo largo de este sexenio”, explicó, lo cual provocó el enojo de los estadounidenses.
En el caso de Campeche, existe el antecedente de que los dos pilotos de Conagua habían sido capturados en noviembre de 2000, luego de realizar juntos un vuelo de Panamá a Toluca con 70 kilos de cocaína, según publicó Reforma el 4 de noviembre de ese año. Los pilotos permanecieron dos años prisioneros en el penal de máxima seguridad de La Palma, pero fueron absueltos, confirmó a Proceso un fiscal de la PGR.
Blanca Alicia Mendoza Vera, subdirectora general Jurídica de Conagua confirmó en entrevista, el mismo miércoles 12, que los dos detenidos tienen cargos en la dependencia, pero dijo desconocer sus antecedentes penales.
Uno de ellos es Fernando Joaquín Poot Pérez, quien ocupaba el cargo de subgerente coordinador de Operación de Vuelo de Conagua y su ingreso a la dependencia fue el 1 de marzo de 2003, mientras que Marco Antonio Pérez de Gracia Guerra es subgerente coordinador de Tripulación de Vuelo de Conagua, y su ingreso fue el 16 de septiembre de 2003.
El director de Conagua, Cristóbal Jaime Jáquez, es uno de los hombres del círculo cercano al presidente Fox, pues se conocieron cuando eran directivos en la Coca Cola.
Director general y accionista en un tiempo del Grupo Lala, consorcio lechero al que ayudó a consolidarse a lo largo de la República, Jaime Jáquez participó en las dos campañas de Fox por la gubernatura de Guanajuato, y fue un ferviente activista durante la campaña presidencial del 2000.
A pesar de que los antecedentes de los dos pilotos fueron ocultados en la conferencia celebrada en el auditorio de la Sedena, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y de Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, aprovechó la amplia convocatoria de medios de comunicación para hacer público otro hecho: Que un empleado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Moisés Martín Castillo, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en posesión de casi cuatro kilos de heroína, también en un vuelo procedente de Venezuela.
A Moisés, un auxiliar administrativo de 44 años, lo esperaban oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a la salida del vuelo comercial 374 de Mexicana de Aviación procedente de Caracas, luego que su hermano Samuel, un año menor que él, fuera detenido con una cantidad similar de la misma droga en el aeropuerto caraqueño. Por su trabajo de “burreros” les pagaban 4 mil dólares.

La logística de la manipulación
La información proporcionada por los representantes de la Sedena el martes 11 en Campeche y en la ciudad de México se utilizó de inmediato para el golpeteo en el proceso electoral. El panista Manuel Espino, pretendió mezclar ambos hechos -el decomiso de Campeche y el aseguramiento del trabajador del gobierno capitalino- al pedir una investigación del apoyo de “Hugo Chávez y el narco” a la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador. El PRD tachó la mala fe con que fueron manejados esos argumentos.
Pero no son los únicos actos de manipulación. Un miembro de la comunidad de inteligencia mexicana dijo a los reporteros que, sin éxito, Ramón Muñoz Gutiérrez, Jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, pretendió que el secretario de la Defensa, general Gerardo Clemente Vega García, presidiera la conferencia de prensa donde se anunciaría el aseguramiento de las 5.6 toneladas de cocaína, con el propósito de darle mayor peso al anuncio adicional del trabajador del Gobierno capitalino. Sin embargo, la conferencia fue encabezada por el general de brigada Carlos Gaytán Ochoa, subjefe Operativo del Estado Mayor de la Defensa.
Con estos antecedentes, al Ejército y a la PGR les resultó difícil explicar el hecho del aseguramiento de las 5.6 toneladas de coca. Cada dependencia dio su propia versión.
Aunque la Sedena dijo tener una “explicación lógica”, difundió dos versiones de lo ocurrido. La primera la dio el comandante de la 33 Zona Militar en Campeche, el general Alejandro Jacinto Carro Bautista; la segunda, el general Gaytán Ochoa en las instalaciones de la Sedena en la Ciudad de México, en la que se omitió toda referencia al presunto miembro de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En su improvisada conferencia del martes 11 ante la prensa de Campeche, el general Carro Bautista detalló la manera en que ocurrió la incautación, identificó a uno de los extranjeros involucrados en el trasiego y estimó el valor de la droga. Pero en la información oficial que horas más tarde dio el general Gaytán en el Distrito Federal se matizaron los hechos.
El comandante de la zona militar en Campeche aseguró que el DC9 tocó tierra en el aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen el lunes a las 18:30 horas, pero su decomiso ocurrió cinco horas después, a las 23:30 horas, de acuerdo con información de la corresponsal de Proceso Rosa Santana.
El militar estimó en cerca de 800 millones de pesos el valor de la droga y reveló que los paquetes incautados tenían diferentes sellos, sugiriendo que se trataba de un cargamento pagado por diferentes grupos de narcotraficantes, lo que explica la voluminosa carga.
De acuerdo con su versión, el avión “aterrizó por una falla mecánica en una de las llantas. Incluso (los tripulantes) hicieron la finta de que la llanta iba a estallar”; informó de la detención del piloto de la aeronave, Miguel Vicente Vázquez Guerra, de nacionalidad venezolana, y se refirió a un acomodador de aviones en Ciudad del Carmen y a un supuesto agente de la PFP, quienes intentaron evitar la revisión del aparato.
El comandante de la 33 Zona Militar nada dijo de una supuesta resistencia del personal del aeropuerto -fuera del acomodador y del supuesto agente de la PFP- para que se revisara la aeronave, como aseguró horas más tarde el general Gaytán Ochoa.
En entrevista, el comandante de la PFP en Campeche, Miguel Ángel Civeira Aguilar, dijo que la dependencia no tiene personal asignado en los aeropuertos del Estado y negó que uno de los agentes de esa corporación estuviera implicado, como lo señalaba el Ejército.
En la conferencia de prensa en la Ciudad de México, el general Gaytán coincidió en que la nave aterrizó a las 18:30 horas del lunes, procedente del aeropuerto de Maiquetía, ciudad del centro Norte de Venezuela.
De acuerdo con su versión, hubo anomalías de origen del vuelo, pues a la hora y media de despegar, regresó a Venezuela sin que se informara -puesto que se trataba de un vuelo comercial reportado al centro de control de Mérida, Yucatán- de ninguna avería. Retomó su destino y llegó a Ciudad del Carmen.
El subjefe operativo de la Sedena agregó que junto al DC9 estaba un avión Falcon, “con dos elementos a bordo”, pero evitó dar información sobre los pilotos; lo mismo hizo el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (Siedo), José Luis Santiago Vasconcelos, presente en la conferencia de prensa.
En Campeche, Carro Bautista también escondió la información. Sólo dijo que se trataba de una aeronave de turbina, “de anca, muy sofisticada, carísima” que había aterrizado el domingo 9 procedente de Toluca y estaba en forma perpendicular a unos 50 metros del DC9. “Algo hay, pero a mí no me corresponde investigar, sino a la PGR”, dijo. “Podemos determinar que es probable, sin asegurar, que pudieran haber aterrizado el DC9 para transbordar parte de la droga y el otro avión llevarlo a otro destino”.
Vasconcelos dijo que el Falcon, “era tripulado por dos nacionales mexicanos, quienes dijeron llamarse Fernando Poot Pérez y Marco Pérez de Gracia”. En Campeche intentaron tramitar y pagar “una extensión de servicios” para el DC9. “Esa fue la razón que motivó que agentes federales de investigación, que se encontraban en ese momento ya en el aeropuerto, gracias a la alerta del Ejército mexicano, procedieran al aseguramiento de estos dos sujetos y del avión”.
Aunque el subprocurador Vasconcelos le dio crédito al Ejército, en el boletín de prensa de la PGR se adjudicó la incautación “en cumplimiento a la averiguación previa PGR/CAMP/CARM-1/55/2006”. Explicó que la droga fue localizada por sus agentes y está valuada en más de 100 millones de dólares, unos 20 millones de pesos más de lo estimado por el Ejército en Campeche.
Venezolanos escurridizos
Todas las versiones ocultaron también los antecedentes del piloto del DC9 que huyó en una acción que involucró al menos a ocho personas más. Un fiscal de la PGR dijo a Proceso que se trata de José Vázquez, también venezolano. El piloto, quien supuestamente bajó del aparato para reportar su plan de vuelo hacia Toluca, atravesó las bardas perimetrales del aeropuerto y en la calle abordó un Jetta negro 2004 con vidrios polarizados, que horas después fue abandonado cerca del malecón de Ciudad del Carmen y asegurado por la PGR.
El auto, con placas YWR-6299 del estado de Yucatán, está a nombre de Damián Armando Canché Chan. Los dos pilotos del Falcon detenidos confirmaron a la PGR que el auto venía de Mérida. En la misma unidad, donde se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército, habrían huido el acomodador de aviones y el supuesto agente de la PFP que pretendió evitar la revisión del DC9, según informó el diario Por Esto! el jueves 13.
Los pilotos del Falcon, Poot Rodríguez y Pérez de Gracia, se habían hospedado en el hotel Hacienda Real de Ciudad del Carmen junto con otras ocho personas involucradas en el tráfico de la droga y que habían ingresado desde el sábado 8 de abril. Fueron 10 en total las personas que se identificaron como pilotos venezolanos y estaban uniformados como tales, según le informó al mismo diario Ileana Herrera Pérez, dueña del hotel y dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Abandonaron el hotel el lunes, dejando teléfonos celulares, objetos personales y otros documentos.
El Falcon, que es la nave más rápida utilizada en la aeronáutica civil, había sido transportado desde el Aeropuerto Internacional de Toluca el domingo por Orlando Flores Rueda, quien fue detenido por la Siedo en el mismo lugar cuando intentaba abordar una camioneta Jeep, modelo Gran Cherokee, con placas HEG-2707 del estado de Guerrero, según informó la PGR el pasado jueves.
El fiscal de la PGR consultado por Proceso dijo que en su declaración ministerial, los dos pilotos mexicanos negaron su participación en el tráfico de la droga, a pesar de que existen evidencias de que pretendieron tramitar la implantación del plan de vuelo para el DC-9 y el apoyo de combustible para la aeronave.
Por su parte, la subdirectora general Jurídica de Conagua explicó que la aeronave Falcon asegurada no pertenece a la institución, que sólo cuenta con dos avionetas Cessna y un avión Lear Jet, pero confirmó que los dos pilotos sí laboran ahí, en la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua.
Los expedientes de Recursos Humanos de Conagua que fueron enviados a la PGR el miércoles 12 contienen las constancias de su nombramiento.
Poot Pérez, originario de Zoh Laguna, Campeche, obtuvo su título como piloto aviador militar expedido en su grado de subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana, el 9 de julio de 1980; también cuenta con un Certificado de Aprovechamiento expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil, con grado de capitán.
El expediente de Marco Antonio Pérez de Gracia, originario de Mexicali, Baja California, incluye su cédula con grado de subteniente de la Fuerza Aérea Piloto Aviador fechada el 27 de noviembre de 1975 y su título con grado de teniente con fecha 10 de febrero de 1976.
Hace cinco meses, en noviembre de 2005, en medio de la crisis diplomática entre México y Venezuela, la PGR y la PFP dieron a conocer que la “principal ruta de trasiego de heroína” estaba identificada entre Caracas y cuatro aeropuertos mexicanos, entre ellos el AICM y el aeropuerto de Ciudad Juárez.
En conferencia, Noé Ramírez Mandujano, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR, y Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, anunciaron entonces que esa ruta había incrementado sus operaciones en un 123 por ciento en ese año con respecto a 2004.
Días después, las dos corporaciones aseguraron más de 585 kilos de cocaína en el AICM, de un vuelo procedente de Venezuela. Se habla sobre un presunto acuerdo al que llegaron el narcotraficante prófugo Joaquín “El Chapo”
Guzmán y las FARC de Colombia para el trasiego de grandes
volúmenes de droga.