El alcalde Jorge Ramos Hernández cuestionó a los abogados defensores de los policías que fueron expulsados de la corporación.

Ramos dijo que no pueden hacer declaraciones y afirmar que los despidos fueron injustificados cuando ni siquiera han analizado el exhaustivo procedimiento que se hizo para separarlos de sus cargos.

Ante la posibilidad de que algunos agentes se amparen u otros interpongan litigios laborales, Ramos dijo que será imposible que vuelvan a ser reinstalados en la corporación.

Una reforma constitucional al artículo 123 proporciona el blindaje jurídico que impedirá la reinstalación de los oficiales.

En el peor de los casos, indicó, aún suponiendo que se perdiera un litigio, lo que sucedería sería que se les tendría que indemnizar y reponer salarios caídos, pero no se les tendría que reinstalar en sus puestos.

Aseguró que estos 35 agentes serán sólo los primeros, pero no los únicos, pues la depuración de la corporación policiaca no ha terminado.