José Luis Molina Magaña, presidente del Consejo Ciudadano por la Transparencia y Combate a la Corrupción, señaló que las autoridades están obligadas a informar de los agentes que serán dados de baja porque no aprobaron las pruebas de confianza.

Descartó que la información pueda considerarse como confidencial, porque los exámenes de confianza ya son un proceso concluido, por lo cual pueden darse a conocer los resultados.

La secrecía, apuntó, sólo es aceptada cuando se está en proceso la investigación y no se puede hacer pública la información porque la puede afectar.