MÉXICO, D.F.(Agencias)
La iniciativa privada del país rechazó las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados que establecen como asueto los días 16 y 20 de noviembre, al considerar que la medida inhibe la competitividad y lesiona la productividad.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que sin consultar a los sectores productivos y de manera "por demás improvisada" se realizaron modificaciones que lesionan severamente a la planta productiva que ya había tomado sus consideraciones pertinentes en materia de trabajo y en sus presupuestos con un sobrecosto salarial.
La propuesta de cambiar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo respecto al descanso obligatorio con motivo del día de la Revolución Mexicana "es una aberración" , ya que -agregó- es una decisión prácticamente "al vapor" , ya que no involucra a las unidades económicas que resultan afectadas.
En un comunicado de prensa el organismo manifestó que además el dictamen modificatorio de la Ley Federal del Trabajo es confuso y ha generado una gran inquietud entre las empresas y los trabajadores.
El pasado 5 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó modificar los días festivos con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, ya que propuso dos fines de semanas largo, es decir el 14, 15 y 16 de noviembre, así como el 20, 21, y 22 del mismo mes.
Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) externó que lejos de fomentar la convivencia familiar y beneficiar al sector turismo en México, la medida inhibe la competitividad del país, al obligar a miles de empresas a interrumpir o disminuir el ritmo de sus procesos productivos.
Ante la crisis por la que atraviesa el país y la industria nacional, los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias deben promover acuerdos que fomenten la productividad, la generación de empleos e incrementen la competitividad de la economía mexicana.
Ambos organismos coincidieron en que el Senado de la República corrija la decisión de los diputados, ya que es ilógica y lesiva para las actividades productivas, además de que deben de conducirse dentro del marco de la ley, y atender los problemas estructurales urgentes que aún están pendientes en el país.
