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Mar de Fondo
Benedicto Ruíz Vargas
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Durante los últimos años en México ha llovido una gran cantidad de informes e investigaciones realizadas ya sea por instituciones y organismos nacionales o internacionales, que nos muestran a un país en estado comatoso en casi todos los aspectos de la vida social, económica y política. A pesar de la crudeza de sus datos, estos informes casi no impactan a la clase gobernante y todo sigue igual en las esferas donde se toman las decisiones en nuestro país.
Esta vez la organización no gubernamental Human Rights Watch, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, presentó un informe sobre México que tituló de esta manera: “Ni seguridad ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”; un trabajo de campo de dos años basado en 200 entrevistas a víctimas y autoridades y 60 solicitudes de información, en cinco de los estados considerados más violentos del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
El informe reconoce que cuando el presidente Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006, los cárteles de la droga “consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad militares y civiles tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función”.
Sin embargo, agrega el informe, “en lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una guerra contra organizaciones delictivas que ostentan cada vez mayor poder en el país”.
Una de las conclusiones del informe coincide palmariamente con lo que muchos otros análisis han venido sosteniendo desde hace tiempo, pero que el Gobierno federal sigue negando. “Han transcurrido -dice el informe- casi cinco años desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada en México. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la violencia”.
“Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia sino que además ha generado un incremento drástico de violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarán adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública de México la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y terror en muchas partes del país”.
Algunos datos que ilustran esta situación: Las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la presidencia”. Por otra parte, de las casi mil investigaciones abiertas por la PGR por homicidios vinculados al crimen organizado (calculados en 35 mil, pero que ahora rondan la cifra de 45 mil, ocurridos entre 2006 y 2010), “los jueces federales solamente han condenado a 22 por homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada”.
En otras palabras, la guerra emprendida por Calderón ha sido un rotundo fracaso. Es difícil que a estas alturas de su gobierno lo pueda reconocer y, a partir de ahí, hacer un cambio de estrategia. Ya no hay tiempo ni voluntad para hacerlo. Lo que está tratando de hacer ahora es disminuir los costos políticos, al subrayar aquí y en todas partes que ante el incremento de la delincuencia el Gobierno no tenía otra alternativa. Es casi imposible que pueda reconocer que fue un error, no que el Gobierno enfrentara a los grupos del narcotráfico, sino la forma en que lo hizo, sin una preparación de las fuerzas locales, con instituciones débiles y sin inteligencia del Estado.
Fue un error de enormes dimensiones para el país el haber emprendido una guerra contra la delincuencia cuyo fin último era legitimar una Presidencia, o mostrar un Gobierno fuerte después de unas conflictivas elecciones. Muchos otros problemas urgentes y prioritarios del país se han quedado olvidados en la medida en que la inseguridad y la guerra contra el narcotráfico se convirtieron en la preocupación central de Felipe Calderón.
Al final, como dice el informe citado, lo que tenemos es mayor violencia, mayor temor e inseguridad, grandes zonas militarizadas, una gran cantidad de víctimas inocentes y un Estado más debilitado.

*El autor es analista político.
Correo electrónico:
beneruizv@hotmail.com

Fecha de Publicación: 11/11/2011
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