COLUMNAS
NECROPSIA URBANA
¿Justicia de leyes o justicia de hombres?

En amena charla, el abogado litigante, catedrático y ex funcionario público expresa que algunas voces del ambiente jurídico afirman que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), ya vigente en toda la República Mexicana, no fue más que una imposición orquestada por el gobierno de los Estados Unidos de América, esto con la intención de homologar criterios internacionales en materia de justicia, y así poder manosear los intereses y dividendos que esta reforma, como todas las demás, generan en nuestro país; otras voces sostienen que el gobierno mexicano compró esta novedosa idea atraído únicamente por la bondad de despresurizar el sistema penitenciario y acortar los procesos judiciales largos y engorrosos, pero sobre todo costosos para un gobierno en quiebra económica.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que durante la implementación del NSJP en nuestro Estado de Baja California, se destinaron recursos para la capacitación de los operadores tales como juzgadores, agentes del Ministerio Publico, peritos, defensores de oficio y miembros policiales como primeros respondientes, etc., pero pocos recursos y espacios fueron los destinados a la capacitación y actualización de abogados postulantes en el ejercicio libre del derecho, generando con ello un fenómeno que se ha registrado también en otros estados de la República, que fue la presentación de renuncias en gran porcentaje de fiscales y defensores de oficio a sus cargos públicos, una vez ya capacitados para postularse como abogados particulares y así monopolizar el mercado laboral, colocándose con esta práctica desleal en ventaja sobre los colegios de abogados y litigantes en general que a la fecha han tenido que echar mano de sus propios recursos para pagar especialidades, diplomados, cursos, talleres, foros, conferencias etc.

Pero lo antes dicho pierde relevancia cuando vemos que tanto con el sistema tradicional, como con el nuevo sistema de justicia penal, los tópicos de impunidad, corrupción e incapacidad de las instituciones de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia se siguen viendo rebasadas por una sociedad delictiva que no le interesa saber que es un sistema garantista de derechos humanos y de principios rectores, como lo es el de presunción de inocencia.

Nosotros los abogados postulantes vemos un sistema protector de derechos humanos como ideal para la dignidad humana, como suma de valores fundamentales, sin perder de vista que el concepto de derecho humano alude a entender lo que es dicha persona humana, y cuál es la posición que guarda respecto a otras personas en lo individual y colectivo, pero el privilegiar salidas alternas como son la mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios, se pone la justicia en venta ante instituciones sin infraestructura adecuada, sin presupuesto a largo plazo para su operatividad, demostrando con ello que como las leyes sin tribunales no tienen mayor eficacia ni solidez, y no pueden regir por sí solas la conducta humana, también demuestran que cualquiera que fuese el sistema de justicia, nuevo o viejo, el mejor juez, sin las normas, sin el presupuesto y sin instituciones jurídicas con poder real impositivo, poco podría hacer en beneficio de su sociedad.

* El autor es presidente de la Comisión de Difusión del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad de la Californias Internacional.

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