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AGUA CALIENTE

Impuesto a las marchas

Parece que al Gobierno municipal de Tijuana le molesta que grupos organizados de la sociedad civil expresen su molestia a través de marchas.

Lo anterior se concluye al ver el proyecto de Ley de Ingresos que enviaron al Congreso del Estado, donde se implementa un nuevo impuesto a las marchas, así asista una sola persona, gravamen que será de 800 pesos.

De entrada, resulta absurdo que si, por ejemplo, un grupo de padres de familia desea marchar para solicitar mejoras en una escuela, deba pedir permiso y pagar, a fin de ejercer un derecho que está consagrado en la Constitución.

Aquellas marchas de 2008, donde médicos, empresarios, comerciantes y ciudadanía en general salieron a pedir seguridad y paz en Tijuana, hubiesen tenido que pagar para realizarse.

Ojalá que los diputados locales enmienden tal propuesta, puesto que, además de que podría venir una lluvia de amparos que solamente distraiga al equipo jurídico del Ayuntamiento, se enviará el mensaje de que Baja California está dejando de ser tierra de libertad y tolerancia.

Sin salida en Ensenada

A unas semanas de terminar el año, todo parecen malas noticias en el 22 Ayuntamiento de Ensenada.

Ayer la oficial mayor, Mónica Vargas, estuvo como invitada del desayuno mensual de la Coparmex y luego de una hora de exponer todo lo relacionado con deudas, pagos de salarios caídos y problemas fiscales, uno de los empresarios cuestionó si acaso había alguna buena noticia.

Sin embargo, la funcionaria fue bastante honesta y se limitó a decir prácticamente que no hay una solución a la crisis que vive Ensenada.

Cuestionado por desaladoras

Las construcción y puesta en operación de las plantas desaladoras sigue siendo el tema del día, por la cantidad de dudas que hay sobre el endeudamiento y el costo a futuro de las tarifas de agua y el gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega, ya parece un tanto fastidiado por los constantes cuestionamientos.

Ayer el mandatario estatal se presentó en el centro de convenciones Baja California Center, en Rosarito, para encabezar la Ceremonia de Certificación a Servidores Públicos y al ser abordado por los reporteros de plano dijo resignado “pu’s pregúntenme”.

El caso es que de alguna forma pasó la bronca a la Conagua que es rectora del uso de este recurso en el País, pues con esta dependencia se armó todo para hacer posible la construcción de las desaladoras a través de las APP, pero lo que no pudo precisar es si las tarifas del agua al consumidor mantendrán su costo actual o sufrirán ajustes, como elegantemente se les llama.

Así que se espera que para el mes de abril próximo, se coloque la primera piedra en la planta de Rosarito, que será la más grande y la de San Quintín, también por esas fechas.

Por cierto, no se aguantó y explicó que tanto las APP como la licitación se aprobaron desde el año pasado, incluso con legisladores que no estuvieron presentes en la votación, del recién aprobado dictamen 95.

“Kiko” Vega precisó que las plantas desalinizadoras no son un capricho suyo, sino una necesidad para abastecer del vital líquido a Baja California y si no, que les pregunten a los expertos, que son los que en realidad saben.

Por cierto, dijo que la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a tierras bajacalifornianas aún está pendiente de confirmarse.

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