COLUMNAS
LEX TRIBUTUM
El Sistema Nacional Anticorrupción y 3 de 3

La recaudación de impuestos para combatir la obesidad pierde terreno en los últimos meses.

El Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas saborizadas y el aplicado a alimentos con alto contenido calórico podrían estar alcanzando un “tope” en recaudación.

Entre los dos impuestos, el Gobierno obtuvo 13 mil 857 millones de pesos en el periodo enero-abril de 2017, lo cual fue 0.9% inferior al obtenido en igual lapso del año pasado, reveló la SHCP.“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios”

Georges Bernanos

En aproximadamente un mes vence el plazo para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, estructura que, en teoría, vendrá a atacar la corrupción en el País, hecho que genera pérdidas al erario público de hasta el 10% del Producto Interno Bruto y que al día de hoy existen muy pocos funcionarios que han sido enjuiciados y mucho menos sentenciados por los diversos delitos que la corrupción conlleva.

Así las cosas, tanto a nivel nacional como estatal existe una pugna entre los poderes políticos y ciudadanos para legislar sobre la materia y escoger quiénes serán los titulares del sistema anticorrupción; sin duda, los ciudadanos quieren que sea alguien de la “prole” y los políticos quieren que sea alguien de su equipo para evitar futuras controversias.

En ese orden de ideas, el Sistema Nacional Anticorrupción será un órgano autónomo que gozará de facultades para sancionar a funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, pudiéndolos castigar con penas de inhabilitación, multas económicas y privativas de la libertad, situación que a lo largo de diversas administraciones tanto federales, como estatales, ha quedado impune y hasta hoy, a raíz de la presión social, ha comenzado a ser perseguido, tal y como lo hemos visto con diversos ex gobernadores que están siendo enjuiciados por el sistema jurídico mexicano.

En ese sentido y con la finalidad de evitar la corrupción en México, hace unos años surgió la declaración 3 de 3, que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, documentos con las cuales se pretendía saber cuánto han pagado de impuestos, cuál es su patrimonio y cuáles son sus vínculos con el gobierno, mismas que deben de ser públicas y con ello evaluar si existió algún enriquecimiento ilícito o aumento inexplicable de su patrimonio.

La referida declaración fue impugnada por diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, mismos que sostenían que los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el tercero transitorio de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (Declaración 3 de 3) violaban los principios de transparencia y de reserva de ley y que con ello no se combate efectivamente la corrupción, pues al contrario al hacer público su patrimonio se ponía en peligro su vida.

En sesión de este 13 de junio de este año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que los artículos impugnados de la conocida Ley 3 de 3 son constitucionales, al resolver la acción de inconstitucionalidad 70/2016 y precisó que es válido permitir que los servidores públicos decidan libremente si harán o no públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, hecho que sin duda generó un importante precedente para el País.

El autor es abogado fiscalista.

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